Estamos a dos meses de la sesión legislativa de Oregon de 2021 y nuestra perspectiva económica estatal ha mejorado significativamente desde que la pandemia golpeó hace un año. En mayo de 2020, los economistas estatales predijeron que los ingresos del Fondo General para el bienio actual (2019-2021) disminuirían en casi $ 2 mil millones. En el pronóstico más reciente, los economistas revelaron que los ingresos no solo han vuelto a los niveles anteriores a la pandemia, sino que en realidad han aumentado en más de 800 millones de dólares. Y con la aprobación del Plan de Rescate Estadounidense del presidente Biden el 10 de marzo, Oregon recibirá miles de millones de dólares en asistencia federal por única vez. Esto significa que la conversación sobre el presupuesto 2021-2023 debería pasar de los recortes a las inversiones. Sin embargo, la batalla presupuestaria y la lucha por financiar contratos justos para nuestros miembros está lejos de terminar, así que estad atentos. 

Pago esencial para trabajadores

Parte de la financiación adicional debería destinarse a compensar a los héroes que han estado al frente de la pandemia y los incendios forestales de Oregón. SEIU 503 está liderando una coalición para luchar por el Pago Esencial de los Trabajadores: cheques únicos de $ 1,000 a $ 2,000 para los trabajadores que se disfrazaron, hicieron su trabajo y mantuvieron a Oregon trabajando durante la pandemia. Visita payessentialworkers.org Verse envuelto.

Reforma de la atención a largo plazo

Los centros de atención a largo plazo son responsables del 53% de las muertes por COVID en Oregón. Nuestro sindicato está abogando por una serie de proyectos de ley que traerán reformas de sentido común a la industria, que se habían retrasado mucho tiempo, incluidas dos leyes que tendrán audiencias la próxima semana. Póngase en contacto con su legislador hoy y ayudar a proteger a los residentes y trabajadores de las instalaciones.

Otras prioridades

Nuestro sindicato continúa abogando por la Agenda de tiro limpio, Empleos de energía limpia, protección de la vivienda, atención médica y legislación para abordar el racismo sistémico y la seguridad pública.